El Tribunal Constitucional ha desestimado un recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Navarra contra el Real Decreto-ley 9/2013, la norma que dio el banderazo de salida a la reforma eléctrica, que se saldó con un recorte de la retribución de las fuentes renovables de 2.000 millones de euros anuales.

Navarra reclamaba que la situación no requería el empleo de un Real Decreto-ley -figura jurídica de uso exclusivo en caso de urgencia- y que se ha vulnerado el principio de irretroactividad y de seguridad jurídica garantizados por la Constitución.

El Tribunal considera, al igual que ya sucediera con otro recurso presentado por la Región de Murcia, que la situación de déficit del sistema eléctrico sí requería una actuación urgente, por lo que avala el uso de un Real Decreto-ley para arrancar la reforma.

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